Parece ser que la integración del sistema tributario a la renta fuera el único régimen disponible para fomentar el ahorro y la inversión de las utilidades empresariales, convirtiéndose en una especie de axioma y, por tanto, indiscutible. A contrario sensu, un sistema desintegrado se reprocha por desincentivar el ahorro y la inversión.
Tal aseveración o axioma impide entonces que se ponga en la mesa el término de la evolución de nuestro régimen desde un sistema totalmente integrado a uno 100% desintegrado. El proyecto de modernización representa un retroceso en este sentido, ya que plantea el regreso a la integración total.
A mi juicio, salvo que se le aborde desde la teoría económica que postula al impuesto al gasto como sistema ideal, la aseveración o axioma de la cual se parte (integración como sinónimo de inversión), es incorrecta, al menos para la realidad actual. Hoy, en Chile, que un régimen incentive o no la inversión es una cuestión de tasas y no de sistema. Mientras mayor sea diferencia entre la tasa que grava a la empresa y la que grava a sus dueños, más se fomenta la inversión, lo que se puede lograr cualquiera que sea la estructura de fondo que se adopte.
A esto ha apuntado desde sus orígenes el sistema integrado chileno. A la diferencia de tasas. De hecho, en más de un período tributario, la diferencia era absoluta al establecer tasa 0 de Primera Categoría. Claramente entonces había una brecha significativa entre la carga de la empresa y la de los socios. Incluso puede decirse que la Reforma del Gobierno anterior apuntaba a lo mismo, ya que, al limitar el crédito por Impuesto de Primera Categoría, incrementó la brecha que existía antes de la Reforma.
Es este contexto, son atendibles aquellas opiniones que sostienen que la integración total que plantea el proyecto de modernización no necesariamente es un cambio que incentiva la inversión, sino que, por el contrario, puede incidir en un menor estimulo en ese sentido. Esto porque, al eliminar la limitación del 35% del crédito por Impuesto de Primera Categoría, actualmente existente, se disminuye la diferencia entre la tasa que grava a la empresa y la que grava a sus dueños. Lógicamente, la conclusión, al menos teórica, dada la cantidad de factores que deben ser tomados en cuenta, es que el cambio que se propone puede incidir en un menor estímulo a la inversión y un anticipo de la tributación a nivel de impuesto personales.
Lo dicho antes, ciertamente, son simples comentarios, que no deben verse como una defensa de los partidarios de mantener el régimen actual y/o como una postura favorable a la desintegración. La decisión de fondo es una cuestión de política tributaria, que como dijimos depende de muchos factores. Tampoco postulamos un axioma nuevo que pudiere por ejemplo resolverse en un mero aumento de los impuestos personales. Esto sería simplista y lejano tal vez a la verdadera composición de los contribuyentes en Chile.